El incremento al salario mínimo que entró en vigor el 1 de enero de 2026 representa un avance para el poder adquisitivo de los trabajadores; sin embargo, su impacto debe analizarse con una visión regional, particularmente en la Zona Libre de la Frontera Norte, donde las condiciones económicas difieren del resto del país, advirtió Alfredo Valadez García, investigador de la Escuela de Administración y Negocios de CETYS Universidad, Campus Tijuana.

A nivel nacional, el salario mínimo pasó de 278.80 a 315.04 pesos diarios, mientras que en la franja fronteriza aumentó de 419.88 a 440.87 pesos diarios, lo que equivale a poco más de 13 mil pesos mensuales. Aunque el ajuste en la frontera fue menor en términos porcentuales, el especialista señaló que debe interpretarse a la luz del contexto socioeconómico de entidades como Baja California, donde los niveles de pobreza extrema se ubican por debajo del promedio nacional.

“El debate público suele centrarse en si el aumento al salario mínimo genera inflación, pero la evidencia reciente muestra que los efectos en los precios han sido marginales. El verdadero reto ahora es la sostenibilidad de esta política en regiones con alta integración internacional, como la frontera norte”, explicó Valadez García.

El académico recordó que, desde 2018, el salario mínimo en México ha registrado un crecimiento real superior al 100% sin detonar un espiral inflacionario, además de haber contribuido a la reducción de la pobreza, particularmente en el periodo posterior a la pandemia por COVID-19. No obstante, subrayó que el análisis debe ampliarse a un contexto comparativo internacional.

Pese a los incrementos recientes, México continúa ubicándose en un nivel intermedio-bajo en materia de remuneraciones laborales a escala global. De acuerdo con comparativos de organismos como la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE), el país mantiene salarios promedio por debajo de la mayoría de sus miembros y se sitúa detrás de economías latinoamericanas como Chile o Colombia cuando se consideran variables como salario por hora o poder adquisitivo. Esta brecha, afirmó, refleja que el reto salarial en México es de carácter estructural y no se resuelve únicamente mediante aumentos al salario mínimo.

En este contexto, Valadez García advirtió que, aunque la política salarial ha mostrado efectos positivos, persisten desafíos relevantes. Entre ellos, indicó la amplia brecha salarial frente a Estados Unidos y Canadá, el riesgo de que incrementos acelerados sin mejoras paralelas en productividad incentiven la informalidad y afecten a micro y pequeñas empresas, así como la necesidad de considerar el entorno político y comercial, especialmente ante la próxima revisión del Tratado entre México, Estados Unidos y Canadá (T-MEC).

Para Baja California, el especialista señaló que la reducción sostenida de la pobreza extrema en los últimos años sugiere que el salario mínimo ha sido una herramienta efectiva, aunque insuficiente por sí sola.

“El reto para la frontera no es solo aumentar el ingreso, sino hacerlo compatible con productividad, formalidad y competitividad internacional”, puntualizó.

Asimismo, sostuvo que el aumento al salario mínimo debe entenderse como parte de una estrategia económica integral, que contemple las particularidades regionales y priorice el equilibrio entre bienestar social y viabilidad económica de largo plazo, especialmente en zonas estrechamente vinculadas al comercio internacional, como la frontera norte.