Desde hace 48 horas y contando, los ejidatarios de Santa Rita Tlahuapan han mantenido un bloqueo en la autopista México-Puebla, una de las principales vías de comunicación del país, un conflicto que tiene sus raíces en una disputa de tierras que data de 1958 y que escaló hasta convertirse en un problema de alcance nacional, afectando a miles de personas y provocando pérdidas económicas millonarias. De acuerdo con el presidente de la Cámara Nacional del Autotransporte de Carga (Canacar), Miguel Ángel Martínez Millán, esto ya alcanza los 10 mil millones de pesos (mdp) para el sector que representa y sus clientes.

La protesta, iniciada desde el pasado 6 de agosto por un grupo de 300 pobladores, paralizó no solo la autopista México-Puebla, sino el Arco Norte (una autopista que funciona como un libramiento de la Ciudad de México y que conecta a los estado de Puebla, Tlaxcala, Estado de México y Querétaro) y la carretera Tlaxco-Tejocotal.

Las consecuencias de esta acción han sido devastadoras para el autotransporte de carga y para cientos de ciudadanos, incluyendo menores de edad y adultos mayores, que se encuentran varados sin poder salir o ingresar a Puebla, enfrentándose a un desabasto de productos esenciales y un caos generalizado.

Ante esta situación, Miguel Ángel Martínez Millán exigió una solución inmediata.

“Prácticamente se ha obstruido todos los accesos a la zona sur del país y, por consecuencia, a lo que tiene conectividad con el resto del norte, noreste, bajío y centro. Esta situación ha fracturado la cadena de suministro, afectando el transporte de mercaderías como partes automotrices, bienes de consumo y productos perecederos, así como la movilidad de los ciudadanos”, declaró Martínez Millán.

El impacto económico es significativo. Según Martínez Millán las pérdidas económicas afectan principalmente a la industria del autotransporte de carga, además se adiciona el impacto a la cadena de suministro y los productos perecederos que se han deteriorado debido al bloqueo, de donde se derivan los 10 mil mdp.

Un conflicto de largo recorrido

La raíz del conflicto se remonta a 1958, cuando el Gobierno federal expropió 36 hectáreas de tierra del ejido de Santa Rita para construir la autopista México-Puebla. Aunque en 2018 se realizó un pago de 176 mdp para compensar a los ejidatarios, el dinero fue presuntamente desviado, beneficiando solo a unos pocos.

Aunado a lo anterior, los ejidatarios también reclaman el pago de sus indemnizaciones por la construcción del Arco Norte, situación que se remonta a hace 14 años.

Al respecto, el presidente Andrés Manuel López Obrador defendió la posición del gobierno, afirmando que se atendió la petición de los campesinos y que se ofreció un pago justo basado en avalúos oficiales.

“Hay mesas de diálogo, pero no podemos ser rehenes de quienes buscan lucrar”, declaró López Obrador. Además, hizo un llamado a los campesinos a no dejarse manipular por abogados.

En respuesta, Martínez Millán explicó que como cámara son “muy respetuosos” de cómo actúa el gobierno.

“Nuestra voz hoy y siempre está pidiendo que nos permitan el libre tránsito. Que liberen los puntos para hacer nuestra actividad  y los productos lleguen en tiempo y forma a los anaqueles”, dijo el presidente de Canacar.

Miguel Ángel Martínez también comentó que no es la primera vez que esto pasa.

“Canacar tiene muchos años, tampoco es la más crítica, pero nos está impactando de manera importantísima y nuestra mayor preocupación es que se resuelva a la brevedad. En este momento ni siquiera tenemos a qué hora nos van a permitir circular y con cada minuto el problema se agudiza, ya son 100 mil equipos afectados, solo por la parte de Canacar”, explicó.

Para los representantes del autotransporte de carga, la situación es crítica, con aproximadamente 10 mil toneladas de productos perecederos en riesgo de perderse.

Aunque se han propuesto vías alternas, estas no son viables debido a obras en curso, mayores costos y peajes.

“La única que nos dejaron libre es la México-Cuernavaca, pero no soporta el volumen de flujo que necesitamos”, explicó el presidente de Canacar.

Los campesinos anunciaron que realizarán aperturas parciales de dos horas, sin embargo, no es una solución para Canacar. La crisis en la autopista México-Puebla no solo es un reflejo de un conflicto de tierras sin resolver, sino también de la fragilidad de la infraestructura y la cadena de suministro del país. Con cada minuto que pasa, el problema se agudiza, y miles de personas y toneladas de productos esenciales siguen atrapados en una encrucijada sin aparente salida.