El régimen aduanero de Recinto Fiscalizado Estratégico (RFE) en México enfrenta un punto de inflexión que evidencia la distancia entre el nuevo diseño normativo y su viabilidad operativa. La entrada en vigor de la reforma a la Ley Aduanera desde el 1 de enero de 2026 -y, de forma más específica, la activación del artículo 86-A, fracción III, a partir del 1 de abril- introdujo una obligación que, en los hechos, no puede cumplirse: garantizar contribuciones mediante cuentas aduaneras de garantía o cartas de crédito sin que exista un mecanismo financiero funcional para hacerlo. El resultado ha sido una disrupción inmediata en la operación de una figura que, hasta antes de la reforma, operaba como un engranaje clave para la logística, la distribución y la integración de procesos productivos en México.

“Hoy en día, no existe un instrumento financiero que podamos utilizar los RFE para cumplir con este artículo”, advirtió en entrevista con T21 Zaira Padilla, presidenta de la Asociación de Recintos Fiscalizados Estratégicos (ARFE), al describir una problemática que no se limita a un ajuste técnico, sino que ha escalado a un freno operativo. “Del primero de abril de 2026 a la fecha, estos servicios se han paralizado, puesto que no existen lineamientos secundarios (…) los bancos dicen ‘no sé cómo utilizarlo’”.

El impacto se concentra particularmente en los recintos dedicados al manejo, almacenaje y custodia, que constituyen la mayor parte de los RFE en el país y que cumplen una función crítica dentro de las cadenas de suministro. A diferencia de los RFE orientados a elaboración, transformación o reparación -donde el impacto del artículo 86-A no es directo-, estos recintos operan como centros logísticos que permiten etiquetar mercancías, cumplir regulaciones como Normas Oficiales Mexicanas (NOM), desconsolidar carga, evitar costos portuarios y redistribuir productos hacia distintos mercados.

Su papel ha sido, históricamente, el de dar flexibilidad al sistema. “Estos otros, los recintos que dan manejo, almacenaje, custodia, exhibición, venta y distribución, son los que hay más en todo el país, y que servimos de desfogue operativo y logístico, por ejemplo, un centro de distribución en Monterrey, donde la mercancía llega del extranjero, ahí se pueden dar servicios de pick and pack, etiquetados, puedes combinar productos de diferentes países y de ahí dispersar tu distribución”, explicó Padilla, al detallar la lógica operativa que hoy se encuentra interrumpida.

Al 16 de enero de 2026, el Servicio de Administración Tributaria (SAT) tenía el registro de 61 administradores de RFE (parques industriales) que alojan a 54 operadores (empresas) de RFE.

El problema de fondo no radica en la obligación en sí, sino en su incompatibilidad con la dinámica del régimen. A diferencia de otros supuestos donde las garantías financieras ya se utilizan -como en precios estimados o tránsitos-, el RFE implica flujos complejos de mercancía, con múltiples entradas, salidas parciales y recomposición de inventarios. “Sí existe el instrumento financiero de cuenta aduanera de garantía y carta de crédito en los bancos, sin embargo, no están hechas específicamente para RFE. Podemos tener múltiples entradas y múltiples salidas, ese pedimento tal vez se combina con otros ocho pedimentos del mismo cliente y hacemos una extracción de tres pallets, se le preguntó a la banca y ahí fue de ‘no, no tengo un mecanismo para poder utilizar este esquema que existe en la banca y que se utiliza comúnmente para estas otras operaciones, no tengo esos mecanismos para usarlos contigo con esta figura diferente’”.

La falta de aterrizaje operativo se ha traducido en una desconexión entre autoridades, sector financiero y operadores. A pesar de que la industria anticipó el problema y sostuvo mesas de trabajo previas a la entrada en vigor, la implementación no llegó a tiempo. “Hemos estado constantemente con diferentes de estas mesas, con diferentes autoridades para expresarles lo que veíamos de la problemática, justo porque ya habíamos platicado con los bancos y nos decían ‘es que estamos pidiendo retroalimentación a su vez a la autoridad, no tenemos un pronunciamiento listo, no tenemos todavía este producto el que se requiere específicamente para operar’”.

En paralelo, la reforma introdujo otros ajustes que también han tensionado la operación, como la obligatoriedad de operar solo con agentes aduanales certificados como Operador Económico Autorizado (OEA) o transporte registrado, figuras que no están plenamente disponibles en todas las aduanas o que no consideran explícitamente la naturaleza del RFE. Sin embargo, incluso con estas restricciones, la industria ha continuado operando. La diferencia, en este caso, es que la obligación financiera ha resultado materialmente imposible de cumplir.

“Tenemos RFE literalmente parados operativamente, porque, aunque queramos cumplir con lo establecido en la Ley (Aduanera), no existe el mecanismo financiero para poderlo cumplir, o sea, materialmente no puedo cumplir lo que dice la ley, realmente es un problema que lo estamos viendo en la dinámica del día a día”, afirmó Padilla, al subrayar que el problema no es de resistencia al cumplimiento, sino de inviabilidad práctica.

El impacto ya se refleja en la reorganización de operaciones logísticas y en afectaciones a distintos sectores productivos. “Clientes de todo, por ejemplo, de diferentes tipos de industrias que utilizan o estaban utilizando hasta los últimos días, estos esquemas de RFE, se están viendo afectadas en sus cadenas de suministro; estamos afectando cadenas de suministro porque hay muchos clientes, por ejemplo, de la industria automotriz, tenemos clientes de retail, tenemos clientes que van al consumidor final”.

Lo paradójico es que el régimen que hoy enfrenta estas limitaciones es, al mismo tiempo, uno de los más controlados dentro del sistema aduanero mexicano. “Los recintos fiscalizados estratégicos ya lo cumplimos desde hace muchos años, tenemos lineamientos de control y seguridad, cámaras, sistemas de control de inventarios enlazados con la autoridad, entonces deberíamos tener un trato cuando menos equilibrado en las obligaciones”, sostuvo.

Desde la óptica del sector, el problema no es el fortalecimiento del control, sino la falta de balance con la facilitación. “No está mal el control (de la autoridad), no está mal la revisión, pero debemos tener un equilibrio entre facilitación aduanera y el control aduanero, tenemos que buscar ese equilibrio y sobre todo ponderar la administración del riesgo”.

La tensión alcanza incluso al propio diseño normativo. El país incorporó al RFE (diciembre de 2002) como un esquema de diferimiento de impuestos, pero al mismo tiempo la actual reforma a la Ley Aduanera impuso una carga operativa que hoy limita su uso.

En el fondo, lo que está en juego no es únicamente la operación de los recintos, sino la viabilidad de una figura que ha sido clave para la atracción de inversión y la competitividad logística del país.

Por ahora, el sector mantiene una postura de diálogo con la autoridad, con la expectativa de que la implementación encuentre un punto de equilibrio que permita retomar la operación sin debilitar los objetivos de control. “No es que no queramos cumplir, simplemente que no existe el mecanismo ni financiero, ni delineamientos para poderlo cumplir”, concluyó Padilla, en una frase que sintetiza la brecha actual entre la ley y su ejecución.