La entrada en vigor de las nuevas disposiciones de la Ley Aduanera en 2026 no creó nuevos riesgos para los importadores mexicanos, pero sí hizo mucho más visibles las consecuencias de no contar con procesos documentales sólidos. En un entorno donde la autoridad exige mayor trazabilidad y capacidad de comprobación, la digitalización dejó de ser una ventaja competitiva para convertirse en un requisito operativo.
Así lo señaló Iván Hernández, director general de QIMA LATAM, quien explicó que el principal cambio radica en el fortalecimiento de las facultades de comprobación de la autoridad y en el incremento de las sanciones por inconsistencias en las operaciones de comercio exterior.
“No es que la reforma haya inventado nuevas obligaciones, sino que hoy las multas, las sanciones y la corresponsabilidad entre importadores y agentes aduanales hacen mucho más evidente el riesgo”, comentó en entrevista.
Uno de los cambios más importantes es la eliminación de la responsabilidad exclusiva del agente aduanal, lo que incrementa el escrutinio sobre los importadores, quienes ahora deben demostrar con mayor facilidad la legalidad y trazabilidad de cada una de sus operaciones.
Hernández explicó que, durante años, muchas empresas implementaron procesos para conocer a sus proveedores como una buena práctica comercial, principalmente para evitar fraudes o trabajar con empresas inexistentes.
Sin embargo, con la entrada en vigor de la manifestación de valor electrónica (MVE) y la obligación de integrar expedientes electrónicos, esas prácticas ahora forman parte de la estrategia de defensa legal de las empresas.
“Antes bastaba con cumplir; hoy hay que comprobar. Si la autoridad solicita demostrar la existencia de un proveedor en China, India o Vietnam, el importador debe contar con evidencia documental que respalde toda la operación”, afirmó.
Esto implica acreditar aspectos como la existencia física del proveedor, su domicilio, representante legal, capacidad productiva y la materialidad de las operaciones que dieron origen a la importación.
El directivo aseguró que la digitalización de la cadena de suministro pasó de ser una herramienta para mejorar la eficiencia a convertirse en un elemento indispensable para cumplir con la regulación.
En este contexto, destacó que las empresas necesitan contar con expedientes digitales que integren contratos, órdenes de compra, auditorías, inspecciones y evidencia documental disponible en tiempo real.
“El comercio como lo conocíamos, basado en expedientes físicos y papel, ya terminó. La digitalización llegó para quedarse y la autoridad no va a dar marcha atrás”, señaló.
Aunque el nuevo marco regulatorio impulsa la digitalización por razones legales, Hernández destacó que las empresas también obtienen beneficios operativos importantes.
Entre ellos, mencionó una mayor visibilidad sobre la producción, mejor control de proveedores, reducción de fraudes, seguimiento en tiempo real de las órdenes de compra y una mayor certeza de que la mercancía embarcada corresponde a la declarada ante la autoridad.
También resaltó que las auditorías preventivas permiten detectar inconsistencias antes de que la mercancía salga del país de origen, evitando retrasos, costos adicionales y revisiones en puertos mexicanos.
“Muchas veces encontramos proveedores que cambiaron de domicilio, que modificaron sus datos o incluso empresas que simplemente no existen. Detectarlo antes de embarcar evita problemas mucho mayores”, explicó.
Otro de los efectos que observó tras la reforma es un incremento en las revisiones físicas realizadas por agentes aduanales, quienes ahora buscan reducir su exposición a sanciones derivadas de la responsabilidad compartida.
Ante ello, la empresa ha fortalecido los llamados reconocimientos previos en origen, inspecciones realizadas antes del embarque para verificar cantidades, etiquetado, cumplimiento de regulaciones no arancelarias y condiciones del contenedor.
De acuerdo con Hernández, dichas revisiones permiten que los agentes aduanales cuenten con información anticipada para preparar el despacho y reducir tiempos de permanencia en puerto.
“Hoy, un error de etiquetado o una diferencia en la mercancía puede generar retrasos importantes. Verificar la carga desde origen permite corregir desviaciones antes de que el contenedor llegue a México”, indicó.
A pesar de los cambios regulatorios, Hernández consideró que todavía existe un amplio desconocimiento entre pequeñas y medianas empresas sobre las nuevas obligaciones.
Si bien grandes corporativos llevan años trabajando bajo esquemas de cumplimiento y auditoría, muchos importadores aún no dimensionan la importancia de contar con expedientes digitales completos.
“La recomendación es muy clara: conoce a tu proveedor, no des nada por hecho y documenta todo. La confianza ya no es suficiente; ahora hay que poder comprobar cada operación”, subrayó.