Las largas filas en la garita de Otay, entre San Diego, Estados Unidos y Tijuana, México, ya no son una constante, ahora más bien parece un terreno poco transitado después de los aranceles impuestos por Estados Unidos, los cuales han afectado a uno de los sectores que mueven la economía de México, como es el autotransporte.
“Te das cuenta de cómo está la economía cuando tú eres el que persigue a los operadores, de ‘por favor, dame un flete’; ahorita es al revés, yo traigo a todos persiguiéndome de ‘por favor, dame fletes a Los Ángeles, dame aunque sean locales’”, expuso Gabriela Fernández, Trade & Logistics Manager de Tacna Services.
Antes de los aranceles las empresas de transporte eran altamente solicitadas, sin embargo, ahora la situación ha cambiado, puntualizó la especialista en entrevista con T21.

El impacto de la imposición arancelaria ha ocasionado una disminución aproximada del 30% en la carga de mercancías, lo cual se refleja en una menor actividad de cruces fronterizos.
“Antes, los días festivos generaban congestión logística desde tres días antes, e incluso tres días después; ahora, los cruces operan con normalidad, lo que indica una caída en la demanda”, sostuvo.
Se estima que en 2023, la garita de Otay procesó más de 13 mil 500 millones de dólares (mdd) en exportaciones y 37 mil 400 mdd en importaciones, así como casi un millón de camiones comerciales, de acuerdo con datos de la Administración de Servicios Generales de Estados Unidos (GSA por sus siglas en inglés), lo que da cuenta de la importancia que tiene este cruce fronterizo para las economías de México y la Unión Americana.
La industria logística y manufacturera de Tijuana, Baja California, enfrenta un panorama complicado debido a los aranceles impuestos por el gobierno de Estados Unidos, señaló Gabriela Fernández, quien indicó que los impactos también abarcan desde la disminución en la ocupación de naves industriales hasta las cadenas de suministro.
“En el shelter -empresa que presta servicios integrales de manufactura y gestión administrativa a compañías extranjeras- en el que trabajo son 71 empresas; éramos 75. Este año cerraron cuatro y las que cerraron prácticamente fue por el impacto de los aranceles. Este impacto generó inestabilidad. Prácticamente las cuatro que se fueron son textileras”, subrayó.
Cabe recordar que, el 19 de diciembre de 2024, el gobierno de México firmó un decreto para incrementar 35% los aranceles a mercancías confeccionadas, así como un 15% a la importación de productos textiles, con el fin de proteger a la industria textil nacional y evitar que se abusen de disposiciones vigentes.
Gabriela Fernández puntualizó que otras empresas en Tijuana también han cerrado, lo que ha afectado la estabilidad económica regional.
Los efectos arancelarios han alcanzado a la cadena de suministro. La desocupación de naves industriales en Tijuana es de entre 25% y 30%, lo que ha significado un cambio drástico frente a años anteriores, cuando la demanda superaba la oferta.
“Antes de los aranceles era común expandirse a Mexicali debido a la falta de espacio en Tijuana. Ahora cuando se recorren los parques industriales es en renta, en renta, en renta, de todas las empresas que se han ido”, expuso Fernández.
Los aranceles, especialmente en sectores como el textil y el acero, han generado inestabilidad en las operaciones, y aunque las empresas han buscado proveedores nacionales para mitigar el impacto, los esfuerzos han sido infructuosos. Esta falta de proveeduría local ha obligado a las compañías a explorar opciones con los países que México tiene tratados de libre comercio, sin embargo, los resultados son limitados.
El cierre de empresas también ha ocasionado una pérdida significativa de empleos. En el caso de Tacna Services, la salida de cuatro compañías representó una reducción del 5% en su operación como shelter, ya que su modelo de negocio depende del número de trabajadores por planta. Este impacto se suma a la presión que enfrentan otras empresas grandes del sector textil, que luchan por mantenerse en operación.
Además de los aranceles, nuevos permisos y regulaciones, especialmente en el sector textil, han afectado a las fracciones arancelarias de los productos manufacturados en Tijuana. Estas medidas buscan proteger a la industria nacional, pero han generado costos adicionales para las empresas.
Para enfrentar esta crisis, las compañías han intentado reducir costos operativos. En este sentido, Gabriela Fernández mencionó que han hecho negociaciones con agencias aduanales y transportistas para bajar tarifas, logrando ahorros pequeños, pero significativos.
“Sin embargo, la falta de proveeduría nacional sigue siendo un obstáculo. Las empresas también buscan socios en países con tratados de libre comercio, aunque la dependencia de proveedores asiáticos, especialmente en textiles, limita estas opciones”, puntualizó.
La prórroga de otros 90 días otorgada por el gobierno estadounidense a México en materia arancelaria, significa un alivio temporal, pero con incertidumbre, indicó Fernández.
Ante ello, la especialista recalcó la importancia de fortalecer la proveeduría nacional para reducir la dependencia de importaciones, e indicó que el gobierno mexicano debería impulsar la conexión entre empresas y proveedores a través de iniciativas como ferias industriales en los estados, lo que podría ayudar a mitigar el impacto de los aranceles y revitalizar la industria local.