TIJUANA, BC.- La reforma a la Ley Aduanera que entró en vigor en 2026 no solo modificó procesos operativos en el comercio exterior mexicano; también alteró la lógica bajo la cual interactúan autoridades, agentes aduanales, transportistas, integradores logísticos y empresas IMMEX -empresas maquiladoras y de manufactura de exportación con un régimen aduanero especial en el país-.

Bajo un renovado entorno normativo -para importadores, exportadores y su cadena logística- marcado por mayores exigencias documentales, trazabilidad reforzada y un nuevo enfoque de cumplimiento, los participantes en el panel “Aduanas, compliance y riesgos en fronteras cada vez más exigentes”, realizado durante el ETYL Cali-Baja 2026 de Grupo T21, coincidieron en que la cadena logística enfrenta hoy uno de sus momentos más complejos en décadas.

Desde la moderación, Héctor Landeros, socio de HXLA Customs & Trade, planteó que el gran desafío radica en el nuevo paradigma que intenta equilibrar facilitación comercial y control aduanero, aunque, advirtió, la autoridad todavía no parece comprender del todo cómo lograr ambos objetivos al mismo tiempo. “La facilitación es un acto en el que yo (gobierno), como aduana, dejo que las mercancías fluyan sin dejar de tener control”, expuso, al señalar que la gestión de riesgos debería ser el mecanismo que permita distinguir perfiles de cumplimiento y evitar una sobrerregulación generalizada.

Ese cambio de paradigma quedó evidenciado desde la experiencia operativa de las empresas IMMEX. Gabriela Fernández, Trade & Logistics Manager de TACNA Services, describió la transformación radical que ha vivido el comercio exterior en los últimos 25 años, desde operaciones improvisadas con facturas en Excel y comunicación por radio, hasta un ecosistema hiperconectado donde la trazabilidad se volvió una exigencia normativa. “Antes le echabas la bendición al chofer y ya no sabías si había cruzado”, recordó.

Sin embargo, el avance tecnológico vino acompañado de nuevas obligaciones que, desde su perspectiva, han elevado significativamente la presión sobre las empresas. La directiva señaló que uno de los puntos más delicados es la nueva obligación de compartir información sensible relacionada con contratos, costos laborales y procesos productivos, algo que ha generado inquietud particularmente entre compañías extranjeras instaladas bajo esquemas shelter. “¿Qué seguridad tú le das de que todas esas informaciones que estamos subiendo el día de mañana no sean hackeadas y compartidas con la competencia?”, cuestionó.

Fernández también advirtió que el impacto regulatorio no es homogéneo. Mientras las grandes compañías tienen capacidad para invertir en infraestructura tecnológica, automatización y servidores, las medianas y pequeñas empresas enfrentan dificultades reales para cumplir. “Las empresas chicas están rezando y llorando que no les caiga auditoría porque realmente les es difícil cumplir”, afirmó, al explicar que muchas ni siquiera cuentan con procesos suficientemente estructurados para generar documentos como la carta porte o mantener esquemas sólidos de trazabilidad.

La presión, además, ya no recae únicamente sobre importadores y exportadores. Jacinto Romero, director general de Agencia Aduanal Romero Galaviz, sostuvo que el nuevo entorno convirtió al agente aduanal en una especie de “oficial de cumplimiento” obligado no solo a revisar documentación, sino a verificar su autenticidad y materialidad. “Nos acaban de poner la responsabilidad de verificar y de constatar que todos los documentos que nos dé el cliente sean en realidad verídicos”, explicó.

El problema, añadió, es que las nuevas disposiciones están elevando de manera considerable la carga administrativa y tecnológica de los actores logísticos. Incluso reveló que las recientes modificaciones regulatorias ya exigen fotografías de oficinas, maquinaria y productos, lo que incrementa la necesidad de almacenamiento de información y transmisión de datos en tiempos cada vez más reducidos. “El just in time (justo a tiempo) es cada vez más difícil, es cada vez más caro”, sentenció.

Romero anticipó además que el verdadero impacto apenas comienza, debido a la creciente capacidad de las autoridades para cruzar información entre dependencias como la Agencia Nacional de Aduanas de México (ANAM) y el Servicio de Administración Tributaria (SAT). Desde su perspectiva, el siguiente paso serán auditorías electrónicas mucho más agresivas y automatizadas.

En paralelo, Adrián Salinas Rangel, VP Enterprise Sales Intermodal de STG Logistics, explicó que los integradores logísticos se han visto obligados a fortalecer controles internos y mecanismos de validación para evitar errores que puedan generar retrasos o sanciones en frontera. “Debemos de estar siempre muy alertas, estar al día con la información y transmitirla al cliente”, indicó.

Para Salinas, el problema central es que la digitalización y el cruce automatizado de datos por parte de la autoridad reducen prácticamente a cero el margen para inconsistencias documentales. Un dato incorrecto puede traducirse en retrasos operativos, inspecciones o afectaciones directas al transportista. “Si yo no cumplo o el cliente no cumple con cierta información, es probable que el transportista pueda tener problemas en el cruce fronterizo”, alertó.

Precisamente desde el autotransporte, Alfonso Esquer Millán, vicepresidente de la región noroeste de la Cámara Nacional del Autotransporte de Carga (Canacar), describió un escenario donde la pérdida de productividad comienza a convertirse en un riesgo financiero severo. Explicó que los tiempos de cruce para el autotransporte se están ampliando, mientras los costos operativos permanecen bajo presión comercial. “Lo que nosotros vendíamos antes en equis cantidad de dinero por un trayecto que duraba dos horas, la gente quiere que se lo siga vendiendo en el mismo precio en cuatro horas o más de servicio”, sostuvo.

El dirigente transportista fue todavía más crítico al señalar que el nuevo enfoque regulatorio parece partir de una presunción de culpabilidad hacia el sector privado. “Cuando hicieron la regla pensaron que todos somos defraudadores”, afirmó, al advertir que las multas y responsabilidades crecieron desproporcionadamente frente a los márgenes reales de operación del transporte.

Más allá de las diferencias sectoriales, el panel dejó ver una preocupación común: la velocidad con la que avanzan las nuevas exigencias regulatorias contrasta con la capacidad operativa y tecnológica de buena parte de la cadena logística para adaptarse. En esa tensión entre control y facilitación comercial, el riesgo es que la frontera mexicana termine convirtiéndose en un espacio cada vez más burocrático, costoso y lento para quienes sí buscan cumplir.